Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados a la red de corrupción que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo: “Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas, y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”.
“Así que, esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma”, añadió Ortiz, al responder preguntas de la prensa sobre el avance de las investigaciones.
“Seguimos trabajando y tengan por seguro que estaremos presentando los casos como lo hemos hecho siempre”, afirmó.
Como solicitó el Ministerio Público, el tribunal también rechazó el pedimento de algunas barras de la defensa y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción a imputados en este proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, determinó que la prórroga se justifica y la estableció hasta el próximo 11 de diciembre.
El juez fijó para el próximo 25 de septiembre la lectura íntegra de la decisión.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como el procurador de corte Héctor García y las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.
La solicitud de prórroga, que fue depositada por el órgano acusador el pasado 10 de agosto, fue presentada al tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien estableció ante el juez que este caso tiene varias líneas de investigación.
Una de las líneas de investigación es la que tiene que ver con la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada que obstaculizó la continuidad de la investigación, “por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar una orden de allanamiento y buscar aproximadamente 15 mil cajas de documentos”.
El Ministerio Público reiteró que la prórroga le permitirá seguir ampliando la investigación sobre hechos de corrupción en SeNaSa.
El plazo fue solicitado por los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos.