Santo Domingo.- El Ministerio Público depositará en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, quien permanece detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El imputado es investigado por su presunta implicación en actos de agresión sexual en perjuicio de una bebé de 11 meses, hecho que salió a la luz pública tras la difusión de un video en redes sociales que generó indignación nacional.
La captura de Tejeda Guzmán se produjo la noche del jueves en el sector Renacimiento, en el Distrito Nacional, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Los agentes ejecutaron la orden judicial número 2026-AJ0099562 luego de identificar al sospechoso en las imágenes difundidas, procediendo a su traslado matutino de este viernes hacia la sede judicial para dar inicio al proceso penal correspondiente.
De acuerdo con informes preliminares de la investigación, el expediente acusatorio podría ampliarse tras recibirse nuevas denuncias que vinculan al detenido con presuntos abusos contra otras dos menores de edad.
Especialistas forenses realizan las evaluaciones psicológicas y físicas de rigor a estas posibles víctimas, mientras que la infante que aparece en el material audiovisual se encuentra bajo el resguardo de sus familiares y la supervisión del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Durante su traslado hacia la carcelita de Ciudad Nueva este viernes, Tejeda Guzmán ofreció breves declaraciones a los miembros de la prensa en las que rechazó las imputaciones en su contra.
El acusado aseguró de manera escueta que no cometió abuso sexual, afirmación que contrasta con los elementos probatorios que actualmente recopila la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Fiscales a cargo del caso trabajan en la calificación jurídica definitiva de los hechos, advirtiendo que las infracciones cometidas contra menores de edad conllevan sanciones severas en el ordenamiento penal dominicano.
Dependiendo de los hallazgos periciales y de si se establece algún vínculo de parentesco o afinidad con las víctimas, el imputado podría enfrentar penas que oscilan entre los 20 y los 30 años de reclusión mayor.
Se espera que una vez depositado el expediente por parte del órgano persecutor, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.